La vacunación frente a la COVID-19 de la población constituye actualmente la mejor alternativa para superar a corto y medio plazo la pandemia de larga duración.
Los datos arrojados en el transcurso de la epidemia sobre mortalidad, gravedad de la enfermedad y secuelas hacen que la posibilidad de obtener la inmunización a través del contagio comunitario del virus (la llamada "inmunidad de grupo o protección comunitaria") no haya sido desde el principio una alternativa válida.
Las medidas de confinamiento y de limitación de otros derechos y libertades han sido hasta ahora el mecanismo de control más efectivo, pero su aplicación debe ser mantenida de manera estricta y en ocasiones prolongada en el tiempo, suponiendo efectos colaterales individuales y colectivos importantes en diferentes esferas (emocional, económica, etc.). Disponer de más herramientas preventivas que nos permitan recuperar el normal funcionamiento de nuestra sociedad en un tiempo previsible y razonable, genera una nueva perspectiva más optimista para el control de la epidemia.
Se han desarrollado ensayos clínicos (evaluados por diferentes agencias reguladoras internacionales), en los que han participado decenas de miles de personas, y los estudios disponibles de algunas de las vacunas son muy esperanzadores, habiendo mostrado una elevada protección frente a la enfermedad en las personas que recibieron la vacuna. Los efectos adversos más frecuentes asimilables a los de las vacunas habitualmente utilizadas y que forman parte de los calendarios de vacunación.
Por este motivo la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) autorizó en diciembre de 2020 el uso de Comirnaty, la vacuna frente a la COVID-19 desarrollada por BioNTech y Pfizer, convirtiéndose en la primera vacuna con una autorización de comercialización en la Unión Europea, que previene la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 en personas a partir de los 16 años Posteriormente, se autorizó el uso de la vacuna de Moderna y más recientemente de AstraZeneca.