Sanidad promueve la coordinación de actuaciones en traslados e ingresos de enfermos mentales

La Consejería de Sanidad, a través de la Secretaría Autonómica de Atención al Ciudadano, Ordenación Sanitaria y Drogodependencias, junto con los ayuntamientos de la Región, el 112, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, poder judicial y Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con enfermedad mental han puesto en marcha un Protocolo de Coordinación de Actuaciones para los Traslados e Ingresos de Personas que padecen enfermedad mental, una medida con la que se quiere mejorar las prestaciones y la accesibilidad al sistema sanitario de las personas que padecen enfermedad mental.

El documento plantea una respuesta coordinada e integrada de los servicios dirigidos a las personas con enfermedad mental en los sistemas ya existentes para el resto de ciudadanos en general. En concreto se recogen unas pautas de actuación de cara a los traslados e ingresos voluntarios, ingresos involuntarios no urgentes, ingresos involuntarios urgentes y traslados e internamientos de personas con enfermedad mental hallados por los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Como destaca el secretario autonómico de Atención al Ciudadano, Ordenación Sanitaria y Drogodependencias, Pablo Fernández, "es la primera vez que se lleva a cabo un protocolo de estas características, donde las pautas de actuación se han consensuado en cuanto ingresos, tanto voluntarios como involuntarios urgentes".

Para llevar a cabo este protocolo se ha tenido en cuenta que la persona con enfermedad mental es un ciudadano que tiene derecho a una asistencia sanitaria de calidad y respetuosa con sus derechos y que la intervención policial en el trato con estas personas debe seguir un criterio de intervención mínima, de modo que sólo se produzca bien para cooperar con las autoridades sanitarias, bien porque la conducta de la persona con enfermedad mental sea constitutiva de una infracción penal. Por esto se ha considerado que la adecuada atención médica a las personas con enfermedad mental y el hecho de que en ocasiones se hace necesaria la intervención de la policía para estrechar la colaboración entre todas las instituciones y servicios públicos, y en especial entre los sectores sanitario, policial y judicial.

Todo ello permite ajustar las pautas de actuación de todas las partes de cara a la atención a las personas con enfermedad mental, su traslado a los centros de atención sanitaria y su ingreso en las instituciones correspondientes.